La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Gobierno de La Pampa contra el Estado nacional por la distribución de los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otorgó un plazo de 60 días al Poder Ejecutivo para responder el planteo formulado por la Provincia.
La resolución del máximo tribunal representa un avance institucional relevante en el reclamo impulsado por la administración pampeana, ya que la Corte se declaró competente para intervenir en la causa y dio traslado formal de la demanda al Gobierno nacional.
La acción judicial había sido promovida en mayo de 2024 por el gobernador Sergio Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado conducida por Romina Schmidt y con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
En la presentación, la Provincia interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad para reclamar que los recursos correspondientes al uno por ciento asignado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional integren la masa coparticipable y sean distribuidos automáticamente entre las provincias, conforme a lo establecido por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
Obligación legal y constitucional
En la demanda, el Gobierno pampeano sostuvo que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional pertenece a las provincias y que el Estado nacional tiene la obligación legal y constitucional de distribuir esos recursos para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales.
Asimismo, argumentó que, en el actual contexto de crisis económica y caída de ingresos, el Gobierno nacional “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”, incumpliendo con la distribución prevista en la normativa vigente y afectando de manera directa las finanzas provinciales.
Según la presentación judicial, al momento de concretarse el reclamo en mayo de 2024, el Estado nacional retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias argentinas. En paralelo, desde la Provincia se indicó que sólo se habían transferido aproximadamente 10.300 millones de pesos a un número reducido de jurisdicciones, cifra considerada mínima en relación con el total acumulado.
La demanda también señaló que la última distribución masiva de ATN se había realizado en noviembre de 2023, cuando el anterior Gobierno nacional dispuso el envío de 131 mil millones de pesos a las 24 jurisdicciones del país.
Cuestionamientos al federalismo fiscal
El planteo presentado por La Pampa ante la Corte Suprema también cuestiona el deterioro progresivo del federalismo fiscal y advierte sobre una creciente concentración de recursos en manos del Estado nacional en detrimento de las provincias.
En ese sentido, el escrito sostiene que la actual dinámica de distribución contradice los principios incorporados por la reforma constitucional de 1994 en el artículo 75 inciso 2, que establece criterios de distribución equitativa, solidaria y automática de los recursos coparticipables.
Además, la Provincia argumentó que la asignación de los ATN quedó sujeta a “la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional”, sin parámetros objetivos de reparto, situación que —según afirmó— vulnera los principios constitucionales que regulan la relación fiscal entre Nación y provincias.
El Gobierno pampeano también advirtió que la falta de distribución automática de estos fondos genera un perjuicio directo sobre las administraciones provinciales y limita la capacidad de respuesta de los estados provinciales frente a demandas sociales, económicas y de infraestructura.
Con esta resolución, la Corte Suprema dio el primer paso formal en el tratamiento de la causa y abrió el proceso judicial que buscará determinar si el Estado nacional incumplió con las obligaciones constitucionales y legales vinculadas a la distribución de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
