El Consejo Provincial de Discapacidad de La Pampa expresó su preocupación por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazó el nuevo proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, al considerar que podría implicar un retroceso en materia de derechos.
Durante un encuentro encabezado por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, se analizaron los alcances de la iniciativa nacional y el impacto que podría tener en las provincias. El funcionario señaló que el proyecto no fue consultado con organismos oficiales ni con organizaciones civiles vinculadas a la temática, lo que generó malestar en distintos distritos.
En ese marco, el director de Discapacidad de la provincia, Iván Poggio, fue contundente al cuestionar la propuesta: “Se intenta directamente criminalizar a la discapacidad, donde pareciera que cada persona beneficiaria de una pensión fuera un delincuente”, afirmó.
Uno de los puntos más criticados es la posible modificación del nomenclador de prestaciones, lo que —según advirtieron— permitiría a las obras sociales fijar valores de manera discrecional. Esto podría derivar en una reducción de la cobertura y dejar sin atención adecuada a muchas personas con discapacidad.
Además, desde el organismo provincial señalaron que en los últimos años el sector ha enfrentado diversas dificultades, entre ellas auditorías consideradas innecesarias, situaciones de maltrato y conflictos en torno a normativas aprobadas por el Congreso que luego fueron vetadas.
Pese a este contexto, el Consejo también destacó el trabajo que se continúa desarrollando en la provincia, con iniciativas vinculadas a la capacitación, el asesoramiento jurídico, el impulso del deporte adaptado y la participación en competencias nacionales. Asimismo, se mencionó la reciente inauguración de un Centro de Rehabilitación Infantil y el fortalecimiento de programas como Pro Vida.
El pronunciamiento refleja la preocupación del Gobierno pampeano y de las organizaciones vinculadas al sector frente a posibles cambios que, según advierten, podrían afectar derechos adquiridos y profundizar la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad.
