La negociación entre el Gobierno nacional y la provincia de La Pampa por la deuda previsional atraviesa un momento decisivo y podría definirse en el inicio de la próxima semana, en un contexto marcado por antecedentes recientes de acuerdos similares con otras provincias y por la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El dato central que reactivó las expectativas es que Nación y La Pampa solicitaron de manera conjunta una prórroga de siete días ante la Corte Suprema, en el marco del proceso de conciliación que se encuentra en curso por el déficit de la caja jubilatoria pampeana.
El nuevo plazo vence el miércoles 17 de diciembre y reemplaza al anterior, que expiraba este miércoles 10. La extensión fue consensuada por ambas partes y se fundamenta, según la presentación oficial, en los “avances en las negociaciones para alcanzar un acuerdo inicial”.
La solicitud de prórroga se formalizó luego de una reunión mantenida en Casa Rosada, en la que participaron el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Desde el entorno provincial destacaron que el clima del encuentro fue positivo y que existen señales concretas de que el diálogo podría desembocar en un entendimiento similar a los ya alcanzados por otras jurisdicciones.
Antecedentes que generan expectativa.
En Casa de Gobierno reconocen que las expectativas de cierre están fuertemente respaldadas por los acuerdos recientes que el Gobierno nacional firmó con Córdoba y Entre Ríos, provincias que también mantienen sus cajas jubilatorias sin transferir a la Nación. En el caso de Córdoba, se acordó el pago de 60 mil millones de pesos en 12 cuotas, mientras que Entre Ríos logró un convenio por 48 mil millones de pesos, a pagar en 8 cuotas. Estos antecedentes funcionan como referencia tanto en términos políticos como financieros y abren la puerta a un esquema de pago escalonado para La Pampa.
Un reclamo de larga data y cifras millonarias.
La Pampa reclama a la Nación una deuda previsional que oficialmente supera los 350 mil millones de pesos, aunque desde el Ejecutivo provincial estiman que el monto total podría acercarse a los 400 mil millones si se contemplan todos los ejercicios adeudados. El origen del conflicto se remonta a la suspensión, por parte del Gobierno nacional, de los adelantos mensuales que deben transferirse a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional.
Estos envíos están contemplados en el Pacto Fiscal de 1999 y en la ley 27.260, que establecen mecanismos de compensación para cubrir el déficit previsional provincial. Sin embargo, esos fondos dejaron de girarse tras el inicio de la actual gestión nacional, lo que motivó la presentación judicial de La Pampa ante la Corte Suprema.
Un punto de inflexión clave.
El miércoles 5 de noviembre marcó un antes y un después en el conflicto. En la primera audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema, los representantes del Estado nacional reconocieron formalmente la legitimidad del reclamo pampeano. Ese reconocimiento fue considerado un logro político y jurídico de gran relevancia por el Gobierno provincial.
Tras esa audiencia, se estableció un plazo de 30 días para que los equipos técnicos de ambas partes trabajen en la consolidación de los montos definitivos. Según se informó entonces desde Casa de Gobierno, Nación se comprometió a retomar las auditorías necesarias para avanzar en la resolución de la demanda, una tarea que había quedado interrumpida.
Auditorías, adelantos y esquema de pagos
Desde el Ejecutivo pampeano explicaron que el paso inmediato consiste en auditar año por año el déficit previsional de la provincia, con el objetivo de determinar con precisión los montos adeudados. Una vez completado ese proceso, se definirían los adelantos mensuales a cuenta del déficit de cada ejercicio, un mecanismo que también fue suspendido por Nación y que resulta clave para el financiamiento del sistema jubilatorio provincial.
Las autoridades aclararon que, si bien el reconocimiento del reclamo ya está establecido, la forma y los tiempos de pago dependerán de los términos finales del acuerdo, tal como ocurrió con Córdoba y Entre Ríos. Es decir, se espera un esquema gradual, con desembolsos escalonados y sujetos a condiciones fiscales.
Días decisivos
Con la prórroga ya solicitada y las conversaciones en una etapa avanzada, entre lunes y martes podrían surgir novedades concretas. Los próximos días serán determinantes para saber si Nación y La Pampa logran cerrar un acuerdo inicial que permita comenzar a saldar una deuda previsional histórica, reactivar los flujos de fondos suspendidos y dar previsibilidad al sistema jubilatorio pampeano en un contexto económico complejo.
El resultado de esta negociación no solo tendrá impacto en las finanzas provinciales, sino que también podría sentar un precedente para otras jurisdicciones con reclamos similares ante el Estado nacional.
