Mendoza se encamina a tener por primera vez un Código de Edificación Unificado. La iniciativa busca que existan parámetros similares para construir en los 18 municipios de la provincia, evitando así dolores de cabeza para los actores involucrados a la hora de realizar una intervención bajo ciertos estándares. Al día de hoy ocurre que a una cuadra de un terreno, cuando se cambia de jurisdicción, las reglas cambian completamente.
Tras un largo tiempo de trabajo, se ultimaron los detalles finales y la expectativa está puesta en que la Legislatura convierta el proyecto en ley durante el primer trimestre de 2026, para que luego cada departamento pueda aplicarlo. En el medio, lo celebran arquitectos y empresas constructoras, entre otros sectores.
El Código Unificado tiene todas las normas y procedimientos para aprobar una obra, ya sea pública como privada. Desde la construcción de una vivienda hasta la de un edificio. Cada municipio tiene su código, lo cual deriva en dificultades no solamente en la ejecución, sino en lo que refiere a procedimientos y burocracia. Por ejemplo, qué tamaño pueden tener los locales, las cocinas o las habitaciones.
La mesa de trabajo está compuesta por quienes integran el Unicipio: los intendentes del Gran Mendoza (incluyendo a Lavalle), un representante de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, uno de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y otro de la Subsecretaría de Ambiente. Pero, además de las comunas del área metropolitana, también se incluyeron los departamentos de todo el territorio provincial, divididos en regiones.
En diálogo con El Sol, Matías Dalla Torre, director de Planificación -área que forma parte del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, comentó al respecto: “Venimos trabajando particularmente desde la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo territorial apenas inició la gestión 2023. Toda la gente del otro Gobierno (de Rodolfo Suarez) inició el proceso y se armó una propuesta, pero no llegó a implementarse con los municipios”.
Dalla Torre describió el proceso de actualización del nuevo Código de Edificación como “largo y difícil”, marcado por numerosas reuniones y por la necesidad de coordinar criterios entre distintas áreas técnicas. Explicó que el primer paso fue construir una agenda en conjunto con los municipios. “Miércoles de por medio nos juntábamos con los técnicos municipales, principalmente del área metropolitana, para ir evaluando cada uno de los procesos”, señaló.
Según detalló, el trabajo se organizó en diversas mesas temáticas -eléctrica, arquitectura, constructiva, sanitaria e incendios-con el objetivo de revisar los códigos locales y detectar normativas obsoletas. Muchas leyes y ordenanzas, dijo, “estaban muy desactualizadas”. “Había leyes de los años 70 que se aplicaban. Por ejemplo, en la parte eléctrica está la Asociación Argentina de Electromecánica, que tiene las normas nuevas. Otro ejemplo: los municipios están usando colores de cables eléctricos que no son los que se establecen las últimas normativas. Así con todo”, aportó.
Entre los puntos más sensibles apareció la necesidad de agilizar el Ce.Me.P.A.C.I., el certificado emitido por Bomberos, que Dalla Torre describió como “muy burocrático” y difícil de obtener. Para destrabar ese cuello de botella, explicó que fue necesario modificar la Ley de Bomberos, en coordinación con el Ministerio de Seguridad: “Los municipios podrán emitir el certificado siempre y cuando tengan estructura y competencia técnica, sin necesidad de ir a Bomberos, que demoraba mucho el proceso. Ahora se aliviará la carga sobre Bomberos, qué podrá abocarse a casos u obras más complejas manteniendo la competencia exclusiva en las pericias técnicas post incendios”. Aclaró que este cambio representa apenas “un pedacito del código”, pero indispensable para simplificar trámites.
Precisamente, el Senado provincial aprobó por unanimidad un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que actualiza la Ley 7.499, la normativa que regula los Certificados de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios (Ce.Me.P.A.C.I.). La iniciativa propone modernizar un sistema que llevaba casi veinte años sin modificaciones, con el objetivo de desburocratizar los trámites, dar mayor previsibilidad al sector privado y reforzar las condiciones de seguridad.
Bomberos mantendrá la intervención en edificios e inmuebles públicos y semipúblicos, así como en habilitaciones mayores a 450 metros cuadrados, mientras que los municipios con capacidad técnica y profesionales idóneos podrán emitir certificados en habilitaciones privadas que no superen esa superficie.
Asimismo, Dalla Torre contó que el trabajo comenzó en el ámbito del Unicipio y luego se extendió por regiones. En ese esquema, anticipó que no existirá un modelo completamente uniforme: habrá aspectos del Código a los que los municipios no adherirán plenamente o incorporarán “con un asterisco”, atendiendo a las particularidades de cada territorio.
El funcionario también resaltó a la asistencia del Colegio de Arquitectura “no solo para la parte técnica, sino en cuestiones de procedimiento para iniciar los trámites de obra”.
“Después en la parte eléctrica nos dio asistencia gente del Gobierno nuestro y parte de Mendoza Fiduciaria nos aportó un especialista que es Marcelo Herrero, que maneja y tiene certificaciones con las últimas normativas en cuanto a los sistemas eléctricos”, aseguró.
Luego, relató que se sumó el CONICET -con Lorena Corica, magister en Arquitectura de Zonas Áridas y Sísmicas-, que brindó “todas las asistencias, comparando con otros municipios, otras ciudades y otras provincias”. Asimismo, participó el Consejo Empresario de Mendoza porque así “se levantaron todas las demandas del sector”. Se recibió asistencia técnica de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), a través de Jimena Gómez Piovano.
Los plazos para la unificación sea una realidad
“Nuestra intención es llegar ahora a fines de diciembre con el proyecto en la Legislatura. Saldrá como una ley, siempre y cuando las cámaras acompañen. Después cada municipio deberá ratificarlo o adherir con su Concejo Deliberante”, acotó respecto a los plazos para que la iniciativa se convierta en una realidad. En teoría, la normativa ingresará a la Casa de las Leyes con la fuerza necesaria para aprobarse debido a que ya contaría con el visto bueno de las comunas.
Según explicó, se trata de un compromiso asumido ante la ciudadanía, por lo que esperan que los legisladores puedan discutirlo y darle una respuesta institucional al proyecto.
El funcionario remarcó que la propuesta no surge únicamente del Poder Ejecutivo. Por el contrario -dijo-es el resultado de “un esfuerzo que viene con mucho rodaje en los municipios” y que también cuenta con el impulso de distintos sectores involucrados en la actividad. En ese marco, insistió en que el Ejecutivo ya cumplió su parte y ahora es el turno del Poder Legislativo de tratarlo.
“Queremos que lo trate la Legislatura”, afirmó, subrayando que la iniciativa sintetiza meses de trabajo técnico y político que, según él, deben traducirse en una discusión parlamentaria a la altura del proceso realizado.
“Esperemos que principios del 2026 tengamos una propuesta ya legal para implementar”, agregó. Lo cierto es que la Legislatura vuelve a la actividad en febrero, por lo que el proyecto tendrá el aval necesario recién en el primer trimestre del año entrante.
El aporte del Colegio de Arquitectos
El Sol se contactó con Jorge Lazo, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza, quien aportó su visión sobre la mesa de trabajo creada para unificar el código.
Precisó que participaron todos los municipios y que aportaron -en base a la experiencia- en los apartado. “Es para unificar un código asertivo. Nuestra mirada fue desde el matriculado, el profesional, en lo que consideramos que debe mejorar. Viene apoyado en una problemática de vieja data. Es mucha perdida de tiempo, información y trazabilidad del trabajo”, afirmó.
Para el profesional, Mendoza puede “funcionar perfectamente con un código unificado” y que, este caso, los aportes institucionales del Colegio “son fundamentales”.
“Estamos alineados con el Unicipio y queremos que la Legislatura pueda instalarlo e instrumentarlo en 2026. No podemos demorarlo más”, dijo.
El contenido en detalle se ha mantenido confidencial, aunque, aparentemente los cambios no son tan drásticos, sino que centrarán en la simplificación de los procedimientos y utilización de criterios en conjunto. “Hay cuestiones técnicas puntuales como tamaños mínimos, alturas en locales, anchos de pasillos, habitaciones, etc.”, ejemplificó Lazo.
El arquitecto aclaró que no se trata de normativas urbanísticas, dado que eso seguirá siendo diferente en cada municipio porque “cada área tiene diferentes indicadores urbanísticos”.
Lazo hizo hincapié en el trabajo llevado a cabo en el apartado de unificación en la presentación de documentación ante las comunas con un mismo tipo de rotulo, tamaño, graficación, entre otros puntos. Según esgrimió, “es una queja de no solo arquitectos, sino todos los profesionales. Es muy importante”. “Otro punto fue escuchar al cliente porque al final el arquitecto es el intermediario. Desde el Colegio recibimos mucho estas devoluciones. Los municipios no reciben eso”, agregó.
Entre risas, reveló que “la pregunta más recurrente entre arquitectos es quién tiene los rótulos de tal municipio”, dando a entender las complicaciones existentes en relación a este aspecto.
“Este proceso ha sido muy importante. Se viene charlando hace mucho y el Unicipio ha tomado las riendas. Destaco los aportes de las municipalidades y estamos agradecidos de haber sido convocados. Era clave que el Colegio pudiera hacer aportes técnicos y dar el aval”, cerró.
