Se llevó a cabo, en la sala Carmen Argibay de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una audiencia de conciliación en el marco del juicio iniciado por la Provincia de La Pampa contra el Estado nacional, mediante el cual se reclama el pago de los fondos correspondientes al déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas al sistema nacional.
La audiencia, convocada por el máximo tribunal, tuvo como propósito avanzar en un entendimiento entre las partes a fin de resolver un conflicto que lleva varios años en trámite judicial y que tiene su origen en el reclamo de La Pampa por los fondos que la Nación debía girar en concepto de compensación previsional.
En representación de la Provincia de La Pampa participaron el gobernador Sergio Ziliotto; el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; y el secretario general de la Gobernación, José Vanini. También formaron parte del equipo jurídico los letrados Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand, quienes expusieron los fundamentos técnicos y contables del reclamo, detallando los montos históricos adeudados y las proyecciones de actualización.
Por parte del Estado nacional asistieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el director de Asuntos Contenciosos, Carlos Gustavo Pistarini; el subsecretario Legal del Ministerio de Economía, Franco Simón; el secretario Legal y Técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Andrés Gutiérrez; el director de Despacho, Cristian Villani; y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez. Los funcionarios nacionales expresaron su voluntad de colaboración y plantearon la necesidad de verificar los montos en disputa mediante auditorías conjuntas.
Durante la audiencia se produjo un intercambio de posiciones en el que la Provincia sostuvo la plena vigencia del reclamo, respaldado en normativa federal y en precedentes de otras provincias que ya alcanzaron acuerdos similares. Los representantes del Estado nacional, por su parte, reconocieron la legitimidad del reclamo pampeano y se comprometieron a trabajar de manera coordinada con los equipos técnicos provinciales para avanzar en las tareas de auditoría y determinación del monto final de la deuda.
A partir de este reconocimiento, la Corte Suprema dispuso pasar a un cuarto intermedio, otorgando un plazo de 30 días corridos para que ambos equipos técnicos consoliden los resultados de las auditorías y elaboren una propuesta definitiva de acuerdo conciliatorio. El objetivo es arribar a un entendimiento que permita saldar la deuda histórica y establecer un mecanismo de actualización que evite nuevos litigios.
Finalmente, se fijó una nueva audiencia para el próximo 10 de diciembre, en la cual se espera que las partes presenten los avances obtenidos y, de ser posible, formalicen la suscripción del acuerdo que ponga fin al reclamo judicial de la Provincia de La Pampa contra el Estado nacional.
