Los talleres de la provincia y especialistas del sector aseguraron que la “desburocratización” que planteó el Gobierno nacional podría impulsar el “tráfico” de piezas.
El Gobierno nacional simplificó y digitalizó este jueves la ley que regula los trámites que se deben realizar para registrar un vehículo a desarmar. Si bien desde el Ejecutivo ven a la medida como una forma de continuar con la “desburocratización”, especialistas de Mendoza aseguraron que podría volver a “impulsar” una problemática que la provincia viene padeciendo hace años.
A partir de ahora, el trámite requerido por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRNA) y de Créditos Prendarios será a través de una plataforma digital. Es allí donde se hará la gestión de los legajos de baja y desarme de autos.
“Los interesados en solicitar dicha baja y desarme de un vehículo deberán cargar la documentación que resulte necesaria para identificar y acreditar el registro del vehículo. Además de las fotografías en color de este y que exhiba su estado al momento de su entrega”, detalló la modificación.
Esto sumado a una reducción en los requisitos a cumplimentar a la hora de documentar el ingreso y egreso de vehículos y de sus piezas. Es decir, la aplicación sólo solicitará marca, modelo, número de pieza, certificado de baja y desarme, dejando en claro que “las piezas no aptas para su reciclaje deberán ser destruidas”.
El tesorero de la Cámara de Mandatarios, Hugo Méndez explicó que este tipo de medidas deben ser tomadas “con pinzas” debido a que pueden realzar una “problemática” que vive Mendoza y el país.
Según el especialista, una mayor “flexibilización” en los requisitos, si no son controlados, puede impulsar “el tráfico de piezas”.
“Todavía no está normalizado por la DNRPA, por lo que hay que tomarlo con pinzas. Entendiendo que el hecho de agilizar o digitalizar los trámites no significa una mejora en todos los casos, sobre todo con problemáticas como lo son el robo de autos y el tráfico de piezas”, ejemplificó.
Lejos de coincidir, Valeria, hija del dueño de Desarmadero El Turco en Godoy Cruz, aseguró que el rubro está “mal visto” y que a diferencia de lo que se puede llegar a decir, hay “mucha limpieza, legalidad y transparencia” en las personas que se dedican a este negocio.
Sin embargo, la especialista reconoció que hace años se viene “luchando” para poder modificar el pensamiento de las personas y, sobre todo, con la posibilidad de “erradicar” los conocidos como desarmaderos clandestinos.
“Que habrá poca burocracia es una realidad, todo será más ágil. Pero se debe entender que en el rubro hay mucha limpieza, legalidad y transparencia que hay en esta clase de negocios”, concluyó en diálogo con El Sol.
Cómo era antes
En la actualidad y hasta que se concrete la realización de la plataforma digital, el trámite se realiza de manera presencial con la obligación de entregar documentación en formato papel y una fotografía color impresa. Algo que se seguirá manteniendo hasta que el nuevo formato esté “aceitado”.
A los requerimientos que la nueva modificación mantuvo, anteriormente se exigían para registrar un vehículo a desarmar: el tipo de combustible utilizado, fecha, país y establecimiento de fabricación, y destino de las autopartes extraídas con sus correspondientes números de identificación.
Menos burocratización
En el texto publicado en el Boletín Oficial, la gestión de Javier Milei adoptó los cambios con el argumento de que muchas de las exigencias anteriores eran “redundantes o duplicados” y que entorpecían las operaciones del Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas.
“Imponen cargas operativas innecesarias que no contribuyen de manera efectiva al control o a la trazabilidad del proceso por parte del Estado Nacional”, determinó.
Para el tesorero de la Cámara de Mandatarios, la clave para que funcione radicará en la “seguridad” y que el control deberá seguir siendo de aquellas personas capacitadas y que tienen conocimiento del rubro.
Por último, el Gobierno aseguró que la meta de toda la gestión es “reducir los costos operativos, simplificar el trámite y mejorar el control de legalidad y trazabilidad del procedimiento de desarme”.
