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La línea 102 Está Fuera De Servicio En La Pampa



Actualmente, la Línea 102 —servicio telefónico destinado a la atención y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes— no está funcionando con normalidad en las provincias de Santiago del Estero y La Pampa. Esta situación se debe a inconvenientes técnicos que tienen su origen en la central ubicada en Buenos Aires, desde donde se gestiona la red de llamadas.

Aunque la línea no está suspendida oficialmente, su operatividad se encuentra limitada. Como medida transitoria, se habilitaron dos números celulares alternativos. Si bien esto no es lo ideal —dado que el número corto 102 facilita el acceso, especialmente pensado para infancias—, se trata de una solución provisoria mientras se espera que se resuelva el problema técnico. Según lo informado, se esperaba que el inconveniente se resolviera en el plazo de una semana, pero al día de hoy aún no ha sido restablecido el servicio completo.

Funcionamiento local de la Línea 102

A nivel provincial, el servicio de la Línea 102 se viene desarrollando con compromiso. En Santiago del Estero, comenzó a operar en octubre de 2023 con turnos rotativos compuestos por dos operadoras cada uno. El equipo está conformado por profesionales de distintas disciplinas, incluyendo trabajadoras sociales y psicólogas.

En 2024, se han recibido unas 500 llamadas, de las cuales aproximadamente el 30% han sido consideradas pertinentes. Hasta abril de este año, ya se registraron alrededor de 120 llamadas, manteniéndose esa misma proporción. A pesar de las dificultades, el trabajo continúa con seriedad y dedicación.

Impacto del desfinanciamiento nacional

Más allá de los problemas técnicos actuales, se observa un contexto de desfinanciamiento generalizado por parte del gobierno nacional que afecta a distintos programas vinculados a la niñez. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que hasta hace poco era el organismo rector a nivel nacional, ha sido prácticamente desmantelada. Se ha producido el despido masivo de personal y la eliminación de más de 35 programas esenciales para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se ha interrumpido la apoyatura técnica y las capacitaciones permanentes que anteriormente eran brindadas por Nación a las provincias, así como todo tipo de financiamiento específico.

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