La acción presentada por el gobernador Sergio Ziliotto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación busca dejar sin efecto la eliminación del "Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País" por parte del Gobierno nacional. Se argumenta que esta medida es arbitraria, abusiva y atenta contra los principios del federalismo y las autonomías municipales.
Se señala que esta decisión del Gobierno nacional constituye una desviación del poder, ya que implica dejar de ejecutar partidas presupuestarias creadas por ley del Congreso de la Nación en favor de una decisión administrativa sin fundamento. Esto se considera una violación grave de la división de poderes y de derechos y garantías constitucionales.
Se destaca la importancia del Fondo para cubrir los costos de las empresas prestadoras de servicios públicos, asegurando así la disponibilidad del servicio para los usuarios. Se argumenta que subsidiar únicamente la demanda no sería efectivo debido a la limitada cantidad de usuarios en la provincia de La Pampa, lo que afectaría la viabilidad de las empresas prestadoras y, por ende, la disponibilidad del servicio.
Además, se sostiene que la medida del Gobierno nacional afecta derechos básicos de los habitantes de La Pampa, como la libre circulación, la igualdad, el acceso a la salud, la educación y la justicia.
Se critica al Gobierno nacional por privilegiar intereses económicos sobre derechos fundamentales y se afirma que esta medida generaría una brecha aún mayor entre los ciudadanos, en lugar de promover la igualdad y el acceso equitativo a los servicios públicos.
Finalmente, se reafirma el compromiso de la provincia de La Pampa con las políticas de Estado que benefician a su población y se cuestiona la concepción meramente económica de la existencia del Fondo, argumentando que esta perspectiva demuestra falta de comprensión sobre los fundamentos y la importancia técnica de su creación.
