El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, reiteró la postura del Gobierno provincial en defensa del agua y cuestionó con dureza la modificación de la Ley de Glaciares, al considerar que implica una “desprotección” de los glaciares y ambientes periglaciares.
En declaraciones a LU100, Gobbi sostuvo que la Provincia mantiene una política sostenida de protección de los recursos hídricos junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, especialmente ante lo que consideran amenazas sobre el río Colorado derivadas de los cambios en la normativa nacional.
El funcionario remarcó que durante una charla realizada esta semana en la UNLPam se planteó que la nueva legislación “debería denominarse ley de desprotección de glaciares y ambientes periglaciares”. También destacó la presentación judicial impulsada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa por distintas organizaciones ambientales, acompañada —según indicó— por unas 850 mil firmas en rechazo a la reforma.
Gobbi afirmó que la normativa “es inconstitucional” y sostuvo que vulnera principios de la Ley General del Ambiente y garantías ambientales previstas en la Constitución.
En relación con la apelación presentada por La Pampa tras el rechazo de la medida cautelar para frenar la aplicación de la ley, explicó que el planteo se basa en el principio precautorio. “En cuestiones ambientales no hay que esperar a que se genere efectivamente el daño porque muchos de esos efectos negativos son irreversibles”, expresó.
Como ejemplo, mencionó que una intervención minera sobre un glaciar puede generar daños imposibles de revertir. “En casos ambientales el daño es irreversible”, enfatizó.
En otro tramo de la entrevista, el secretario se refirió a posibles urbanizaciones en áreas vinculadas al acuífero de Santa Rosa y aclaró que cualquier proyecto deberá ajustarse a la normativa hídrica provincial.
Gobbi recordó que la Resolución 120/25 establece procedimientos obligatorios para loteos y fraccionamientos que involucren recursos hídricos. Si bien reconoció que los municipios tienen potestad sobre el ordenamiento territorial, señaló que “el agua subterránea es un bien público tutelado por el Estado provincial”.
El texto completo de la resolución puede consultarse en el Boletín Oficial de La Pampa
