La secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, expresó la postura oficial del Gobierno provincial en contra de la modificación de la Ley de Glaciares Argentina y advirtió que flexibilizar la protección de los ambientes glaciares y periglaciales pone en riesgo la seguridad hídrica.
Durante su exposición en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la audiencia pública convocada para analizar el proyecto, Basso sostuvo que el acceso al agua es una condición central para el desarrollo pampeano, especialmente por tratarse de una provincia ubicada aguas abajo.
“Para La Pampa el agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia”, afirmó, y subrayó que los ambientes glaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales en un contexto de cambio climático y disminución de caudales.
El impacto en el río Colorado
La funcionaria explicó que el 70% de la población pampeana depende del río Colorado Argentina, el único río activo dentro del territorio provincial. Este curso se forma por la confluencia de los ríos Grande y Barrancas, cuyas nacientes se encuentran en zonas glaciares de la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza Argentina.
“Cuando hablamos de modificar la ley, no estamos hablando de un cambio normativo más, sino de qué pasa con el agua que llega —o deja de llegar— a nuestro territorio”, señaló.
En ese sentido, remarcó la necesidad de mantener reglas ambientales comunes a nivel nacional, dado que los ríos atraviesan distintas jurisdicciones y las decisiones en las nacientes impactan directamente en las provincias aguas abajo.
La experiencia con el río Atuel
Basso también recordó la situación histórica del río Atuel Argentina, señalando que La Pampa mantiene una “memoria hídrica dolorosa” producto de decisiones unilaterales adoptadas aguas arriba.
Según explicó, esas decisiones derivaron en procesos de desertificación, pérdida de biodiversidad, deterioro productivo y desplazamiento de poblaciones, consecuencias que aún persisten tras más de siete décadas.
“Sabemos lo que ocurre cuando se debilitan los controles y se fragmentan las reglas. Las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables”, sostuvo.
Cuestionamientos jurídicos
Desde el punto de vista legal, la secretaria advirtió que la modificación implicaría un retroceso en los estándares de protección ambiental, en contradicción con el principio de no regresión.
Además, señaló que la iniciativa colisiona con lo establecido en la Constitución Nacional Argentina, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a su preservación para las generaciones presentes y futuras.
Postura del Gobierno provincial
Finalmente, Basso ratificó el rechazo del Gobierno de La Pampa al proyecto:
“Desde La Pampa sostenemos con absoluta firmeza que no es constitucional, ético ni responsable flexibilizar la protección de nuestros glaciares”.
Y concluyó: “Defender los glaciares no es oponerse al desarrollo, sino garantizar que sea sostenible. Sin agua no hay presente ni futuro”.
