Las observaciones incluyen facturas duplicadas, gastos rendidos fuera de término, comprobantes inválidos y pagos que no pudieron acreditarse, y derivaron en cargos económicos y órdenes de reintegro de fondos públicos por parte del organismo de control provincial.
El Tribunal de Cuentas de La Pampa formuló cargos formales contra la Fundación Cosecha Completa – Filial La Pampa y la Asociación Civil Otto Krause, luego de detectar múltiples irregularidades en la rendición de subsidios millonarios otorgados tanto por el Gobierno de La Pampa como por la Cámara de Diputados de La Pampa. Las resoluciones correspondientes fueron publicadas en el último Boletín Oficial y establecen la obligación de devolver parte de los fondos al Estado provincial.
Fundación Cosecha Completa: dos fallos y observaciones graves
La situación más delicada corresponde a la Fundación Cosecha Completa, que fue alcanzada por dos sentencias distintas del Tribunal, ambas con observaciones significativas sobre la correcta aplicación y justificación de los recursos públicos recibidos.
Subsidio del Ministerio de Desarrollo Social
En primer lugar, mediante la Sentencia Nº 2998/2025, el Tribunal analizó la rendición de un subsidio de 50 millones de pesos otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social para la ejecución de programas vinculados a la niñez y la adolescencia. Tras la auditoría de la documentación respaldatoria presentada por la entidad, se resolvió formular un cargo por $230.877,28.
Entre las irregularidades más relevantes, la Relatoría del Tribunal destacó:
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Duplicación de gastos: se detectó la presentación de una factura de un mayorista por casi $97.000 que ya había sido rendida previamente ante el Poder Legislativo. Esta situación fue considerada especialmente grave, ya que implicó el intento de justificar el mismo gasto con fondos provenientes de dos organismos distintos.
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Comprobantes ilegibles: parte de la documentación no permitía identificar con claridad los conceptos facturados, fechas o montos, lo que impidió verificar la correcta aplicación del subsidio.
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Intereses por mora: se incluyeron comprobantes que reflejaban el pago de intereses por retrasos, los cuales no son considerados inversión válida dentro de los criterios de rendición de subsidios públicos.
Subsidio de la Cámara de Diputados
En un segundo fallo, la Sentencia Nº 3131/2025, el Tribunal rechazó en su totalidad la rendición de un subsidio de $170.000 otorgado por la Cámara de Diputados de La Pampa. En este caso, las observaciones fueron aún más categóricas: la fundación presentó tickets emitidos a “consumidor final”, sin razón social ni datos que permitieran identificar a la entidad como beneficiaria de los gastos.
Esta deficiencia documental impidió comprobar que las erogaciones estuvieran efectivamente vinculadas a las actividades de la fundación, motivo por el cual el organismo de control ordenó la devolución del monto completo.
En ambos expedientes, el Tribunal identificó como responsables solidarios a Adrián Epifanio, María Belén Epifanio y Adriana Castro, quienes quedaron obligados a responder por los montos observados.
Asociación Civil Otto Krause: gastos fuera de período y pagos no acreditados
La Asociación Civil Otto Krause también fue alcanzada por sanciones, aunque en un contexto diferente. Mediante la Sentencia Nº 2997/2025, el Tribunal revisó la rendición de un subsidio de $10.832.850, destinado al Programa de Contención y Reinserción Social de Niños, Niñas y Adolescentes.
Si bien el organismo aprobó la mayor parte de la rendición, formuló un cargo por $223.442,15 al considerar ineficaces algunos comprobantes. Entre las principales observaciones se incluyeron:
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Gastos fuera del período renditivo: se presentó una factura de alquiler correspondiente a un período que no coincidía con el plazo autorizado para la utilización del subsidio.
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Pagos no acreditados correctamente: en el caso de un comprobante de energía eléctrica, el monto transferido no coincidía con el valor de la factura adjuntada, lo que impidió verificar el pago real del servicio.
Como consecuencia, el Tribunal exigió la regularización del monto observado y señaló como responsables a Néstor Sandoval, Néstor Flaquer y Daniela Sessarego, quienes deberán responder por la devolución o justificación de los fondos cuestionados.
