La Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) continúa avanzando de manera sostenida con un profundo proceso de reconversión tecnológica de su red de telecomunicaciones, un plan estratégico de largo plazo que tiene un impacto directo en Santa Rosa y que también se extiende a Toay, Anguil y otras localidades pampeanas.
Este proceso incluye el recambio integral de la red a Fibra Óptica al Hogar (FTTH), la ampliación de troncales, la modernización de equipamiento de cabecera y nodos zonales, y una fuerte inversión en infraestructura, capacitación y generación de empleo, en un contexto económico y regulatorio particularmente adverso para el sector cooperativo.
Según informó oficialmente la entidad, el monto de las inversiones ya supera los dos millones de dólares y forma parte de un proyecto iniciado formalmente en 2020, aunque con antecedentes previos vinculados al desarrollo de CPEtel como unidad estratégica de servicios de telecomunicaciones.
Desde la cooperativa remarcan que no se trata de una iniciativa coyuntural ni de una respuesta improvisada a la competencia, sino de una política sostenida que se inscribe en casi un siglo de historia cooperativa, con un modelo centrado en el bienestar comunitario, la accesibilidad de los servicios y la reinversión permanente de los excedentes.
En ese marco, la CPE destacó que sus asociados y asociadas no solo son usuarios del servicio, sino también los propietarios de la cooperativa, lo que explica una lógica de gestión orientada a garantizar calidad, estabilidad y tarifas razonables, incluso en escenarios de alta inflación, restricciones regulatorias y asimetrías frente a grandes operadores privados del mercado de las telecomunicaciones.
El comunicado difundido por la entidad no elude el contexto político y económico en el que se desarrollan estas inversiones. En particular, advierte sobre lo que define como un intento de desembarco hegemónico de una empresa multinacional del sector —en clara referencia al Grupo Clarín— con el objetivo de concentrar el mercado local de telecomunicaciones.
En ese sentido, la CPE cuestiona el rol de algunos sectores gremiales y dirigentes políticos que, según sostiene, difundieron información falsa o tergiversada para desprestigiar a la cooperativa, desviando el foco del debate público sobre el impacto que tendría la concentración del servicio en términos de tarifas, empleo y soberanía tecnológica local.
El informe técnico presentado por la CPE se estructura en torno a tres ejes centrales. El primero analiza el contexto regulatorio impuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 y sus efectos sobre las tarifas del sector. El segundo detalla las inversiones concretas realizadas por CPEtel en los últimos años. El tercero describe el despliegue territorial de la infraestructura de Fibra Óptica al Hogar en Santa Rosa, Toay y Anguil, así como las obras proyectadas para completar la cobertura.
En relación con el marco regulatorio, la cooperativa recordó que el DNU 690/20, dictado en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, declaró a los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales y estableció un esquema de regulación tarifaria que se extendió hasta 2023.
Sin embargo, mientras los grandes prestadores del país obtuvieron rápidamente medidas cautelares que los excluyeron de la aplicación efectiva del decreto, las cooperativas y pymes —entre ellas la CPE— quedaron plenamente alcanzadas por la normativa, pese a los reiterados reclamos por un trato equitativo.
Los efectos de esa política, señala el informe, fueron contundentes: un retraso tarifario extraordinario, una caída generalizada de las inversiones en el sector y una profundización de las asimetrías entre grandes operadores y prestadores cooperativos. Entre agosto de 2020 y diciembre de 2023, la inflación acumulada rondó el 948%, mientras que los aumentos tarifarios autorizados por el Enacom apenas alcanzaron el 249%.
A pesar de ese escenario, la CPE decidió sostener el proceso de modernización tecnológica para garantizar a sus asociados el acceso a FTTH, una tecnología que ofrece mayores velocidades, estabilidad y capacidad de crecimiento a futuro.
En Santa Rosa, la reconversión tecnológica comenzó de manera planificada en 2020 y tuvo su primera etapa concreta de obras en 2022, cuando se inició el recambio de la red en la zona céntrica de la ciudad. Esa etapa implicó una inversión cercana a los 350 mil dólares en materiales, mano de obra y equipamiento de red, sin contabilizar los equipos instalados en los domicilios de los usuarios. Durante ese mismo año se completó el tendido integral de fibra óptica en el microcentro, marcando un hito en la modernización del servicio.
El proceso continuó y se profundizó en los años siguientes. A comienzos de 2025, el Consejo de Administración aprobó un plan de recambio total de la red híbrida HFC a FTTH para ejecutarse en un plazo de doce meses. Este cronograma se aceleró tras los resultados positivos reflejados en el último balance cerrado en junio, luego de un período en el que las inversiones debieron desacelerarse, aunque —según aclaró la cooperativa— nunca se detuvieron por completo, sino que se ajustaron a las restricciones impuestas por la regulación tarifaria.
La segunda etapa de obras en Santa Rosa demandó una inversión adicional de aproximadamente 250 mil dólares en materiales, mano de obra y equipamiento de cabecera. Durante 2024 se habilitó la red FTTH en numerosos barrios, entre ellos sectores de Villa del Busto, Villa Tomás Mason y Nuestra Señora de Luján, además de la totalidad de Villa Alonso Centro, Villa Elvina, Bella Vista, Barrio Fitte y Villa Santillán Oeste.
Al cierre del ejercicio de junio de 2025, el Consejo de Administración aprobó también el recambio de troncales en la ciudad, una obra clave para dar continuidad al proceso de modernización y ampliar la cobertura hacia zonas aledañas.
El plan de inversiones trasciende la capital provincial. En Anguil, durante 2023, se habilitó la red FTTH con una inversión cercana a los 100 mil dólares en materiales, mano de obra y equipamiento de cabecera, nuevamente sin incluir los dispositivos domiciliarios. Esta obra permitió mejorar sustancialmente la calidad del servicio y sentar las bases para futuras ampliaciones.
Desde 2021, la CPE mantiene además convenios estratégicos con la Empresa Provincial de Telecomunicaciones (Empatel) para el transporte de datos y la provisión de ancho de banda. Estos acuerdos posibilitaron diversificar proveedores mayoristas, optimizar costos, mejorar las condiciones técnicas de la conectividad y fortalecer un modelo de articulación interinstitucional que la cooperativa destacó como poco frecuente en otras provincias. En 2024, en el marco de estos convenios, se incorporó Ataliva Roca a la red de localidades interconectadas, utilizando infraestructura desplegada por Empatel.
En Toay, la expansión del servicio cobró un impulso decisivo con la apertura de una sede propia de CPEtel entre septiembre y diciembre de 2024, concebida como cabecera de telecomunicaciones para acompañar el crecimiento urbano de la ciudad. En marzo de 2025 se iniciaron las obras, con una inversión estimada en 90 mil dólares en materiales de red, mano de obra y equipamiento. En junio se incorporó una primera zona al sistema FTTH y, en octubre, se avanzó con el recambio de toda la red, en paralelo con el anuncio del despliegue de fibra óptica en Santa Rosa.
De acuerdo con los datos brindados por la cooperativa, para completar las últimas etapas del plan en la totalidad de Santa Rosa y Toay, las inversiones actualmente en marcha ascienden a unos 380 mil dólares en materiales de distribución y otros 568 mil dólares en mano de obra. A estas cifras debe sumarse el costo de los equipos instalados en los domicilios de los abonados —como decodificadores, EMTA, ONT y cablemódems— que no están incluidos en esos montos.
Desde la CPE concluyeron que este conjunto de obras e inversiones permitirá consolidar definitivamente la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, ampliar la cobertura de fibra óptica, mejorar la calidad y estabilidad de las prestaciones y sostener un modelo cooperativo que prioriza el acceso equitativo a servicios modernos, estratégicos y de calidad para toda la comunidad pampeana.
