El Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos (RDA), realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, constituyó un hito institucional sin precedentes en la construcción de políticas públicas orientadas a la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina.
Por primera vez, representantes de 15 provincias debatieron de manera coordinada sobre una problemática estructural que atraviesa al país: la deuda alimentaria como una forma persistente y normalizada de violencia económica.
El encuentro, organizado por el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunió a funcionarios y técnicas/os vinculados a los Registros de Deudores Alimentarios, quienes compartieron diagnósticos, compararon marcos normativos y analizaron estrategias que permitan fortalecer su funcionamiento.
Entre las líneas de trabajo abordadas se destacaron la interoperabilidad entre organismos, la necesidad de criterios uniformes para la inscripción y notificación, el diseño de medidas proactivas de coerción, la relación entre responsabilidad parental y acceso a la justicia, y el abordaje integral de la violencia económica dentro del marco de protección de derechos.
La Pampa tuvo una participación relevante a través de la subdirectora general del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Vanesa Torres Nowak. Durante las mesas de debate, la representante pampeana expuso las herramientas institucionales con las que cuenta la provincia, subrayando que posee una de las legislaciones más claras y avanzadas en materia de inscripción de deudores alimentarios.
Entre los factores distintivos de la jurisdicción destacó la existencia de una Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial, que permite una articulación directa en casos donde la deuda alimentaria aparece como un componente de la violencia económica ejercida contra mujeres y familias monoparentales.
Los datos expuestos por UNICEF aportaron un marco contundente a la discusión: en el país existen 1.700.000 hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde viven más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes. Estos hogares presentan mayores indicadores de pobreza infantil y sufren, en una proporción alarmante, el incumplimiento sistemático de obligaciones alimentarias. Se remarcó, además, que la mayoría de estos incumplimientos no se explican por dificultades económicas reales, sino por conflicto parental o desvinculación afectiva, lo que evidencia que el problema tiene raíces estructurales y socioculturales.
En este contexto, La Pampa fue señalada como una de las provincias con mejores prácticas consolidadas dentro de su Registro de Deudores Alimentarios, especialmente por la rapidez en los procesos de inscripción y en la emisión de certificados, así como por su articulación con otras áreas de gobierno.
Aun así, la delegación pampeana reafirmó su compromiso de avanzar hacia un sistema federal integrado que permita compartir información entre provincias, coordinar mecanismos de coerción y unificar estándares que hagan más efectiva la respuesta estatal frente al incumplimiento alimentario.
El encuentro concluyó con la firma de la Declaración para la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, un paso institucional significativo que formaliza la voluntad política de sostener un trabajo permanente, coordinado y transversal entre las provincias participantes —Chubut, Misiones, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Río Negro, Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Salta y La Pampa—.
El mensaje final fue contundente: la deuda alimentaria debe ser reconocida y tratada como una manifestación de violencia económica que impacta de manera directa en el bienestar y el desarrollo de millones de niñas, niños y adolescentes. Su abordaje requiere decisiones firmes, políticas integrales y una acción conjunta a nivel federal. Las provincias, al iniciar esta red, dan un paso fundamental hacia un Estado más presente, capaz de garantizar los derechos más básicos de la infancia y de transformar una problemática históricamente invisibilizada en una prioridad de la agenda pública.
