El Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa dictó una serie de resoluciones mediante las cuales sancionó a las Comisiones de Fomento de las localidades de La Reforma, Rucanelo, Agustoni y Unanue, tras detectar diversas irregularidades administrativas y contables en sus balances mensuales.
En conjunto, las multas y cargos aplicados superan los $300.000, alcanzando a funcionarios responsables por omisiones documentales, pagos irregulares y contrataciones sin respaldo legal.
Las resoluciones —dictadas entre las Sentencias N.º 2029 y 2034 del año 2025— forman parte del control permanente que ejerce el organismo sobre las cuentas públicas comunales, con el objetivo de garantizar la correcta utilización de los fondos provinciales. En todos los casos, las sanciones económicas se calcularon conforme al 30% de la Asignación de Categoría 1 de la Ley N.º 643, que actualmente equivale a $330.714,32.
La Reforma: viáticos a particulares y omisiones de documentación
En la Sentencia N.º 2030/2025, correspondiente al balance de febrero de 2024, el Tribunal de Cuentas impuso un cargo de $129.000 y una multa de $330.714,32 a los responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma, Elías Alberto Sánchez Colado (presidente) y Adrián Emanuel Suárez (secretario-tesorero).
Según el fallo, se detectó el pago de viáticos a personas que no son agentes públicos, una práctica prohibida por el Decreto de Viáticos N.º 158/92, que sólo contempla este beneficio para funcionarios o empleados estatales en comisión de servicio. Además, se observaron omisiones documentales relacionadas con el funcionamiento del Juzgado de Paz local, liquidaciones de viáticos sin comprobantes suficientes y faltantes en las rendiciones de gastos de comisiones oficiales.
Rucanelo: obras sin informes ni respaldo
Por su parte, la Comisión de Fomento de Rucanelo fue sancionada en la Sentencia N.º 2032/2025, vinculada al balance de junio de 2024. En este caso, los responsables Pablo Lázaro y Hugo Díaz recibieron una multa de $330.714,32 debido a la ausencia de informes técnicos y económicos correspondientes al Plan Mi Casa, un programa provincial destinado a la construcción de viviendas sociales.
El Tribunal también observó que no se presentaron las resoluciones comunales que debían autorizar gastos extraordinarios, como la compra de mercadería para asistencia social, incumpliendo los procedimientos previstos por la Resolución N.º 134/2020. Dicha normativa exige que toda erogación cuente con respaldo documental completo y control presupuestario previo, con el fin de evitar desvíos o discrecionalidad en el uso de fondos públicos.
Agustoni: inconsistencias contractuales y falta de transparencia
En la Sentencia N.º 2029/2025, el Tribunal resolvió rechazar un recurso de revocatoria presentado por la Comisión de Fomento de Agustoni, confirmando tanto el cargo de $44.600 como la multa equivalente al 30% de la Categoría 1.
El fallo remarca una irregularidad grave: se presentó un contrato con fecha posterior a la factura observada, utilizado para justificar un pago ya realizado. Esta inconsistencia temporal invalida la relación contractual y afecta la transparencia administrativa, dado que los contratos deben ser previos al gasto para acreditar su legalidad. La sentencia subraya que esta práctica contraviene los principios básicos de rendición y control del gasto público.
Unanue: licitaciones incompletas y pagos injustificados
Finalmente, la Comisión de Fomento de Unanue, presidida por Sánchez Colado y con Suárez nuevamente como secretario-tesorero, fue alcanzada por dos resoluciones consecutivas del Tribunal.
En la Sentencia N.º 2033/2025, se confirmó una multa por documentación incompleta en el expediente de licitación para la compra de una motoniveladora, observándose falta de actas, presupuestos comparativos y constancias de adjudicación.
Por su parte, la Sentencia N.º 2034/2025, correspondiente al balance de febrero de 2024, ratificó un cargo de $185.750 y una multa adicional del 30% de Categoría 1, al detectarse pagos por servicios personales con montos diferentes a los estipulados en los contratos, sin que existiera justificación de los ajustes realizados.
Estas resoluciones reflejan el accionar del Tribunal de Cuentas en su función de resguardar la legalidad, eficiencia y transparencia del manejo de los recursos públicos. A través del análisis de los balances mensuales, el organismo busca prevenir irregularidades, promover una gestión responsable y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en todas las dependencias de la administración provincial y comunal.
