La directora general de Defensa del Consumidor del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales, Florencia Rabario, representó al Gobierno provincial en la última reunión informativa convocada por la Comisión de Derechos de los Consumidores, Usuarios y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación.
El encuentro tuvo como eje central el análisis y debate sobre la propuesta de eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría, contemplada en los artículos 71 y 72 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional.
De aprobarse esta modificación, la medida impactaría de manera directa en más de 4 millones de usuarios residenciales de gas por redes en todo el país, quienes actualmente se benefician de los descuentos establecidos por la Ley 27.637 y sus modificatorias. En el caso particular de la provincia de La Pampa, se estima que más de 136.000 hogares serían alcanzados por la pérdida de este beneficio, lo que implicaría un aumento considerable en el costo de las facturas de gas durante los meses de mayor consumo, especialmente en zonas con condiciones climáticas adversas.
Durante su intervención, Rabario remarcó ante la Agencia Provincial de Noticias que “el acceso a las fuentes de energía, y al gas residencial en particular, constituye una condición necesaria e indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales como la calidad de vida, la salud y, especialmente, la dignidad humana”. Además, enfatizó que los servicios públicos esenciales deben garantizarse bajo principios de universalidad, progresividad y equidad, asegurando que las políticas energéticas no profundicen las desigualdades sociales ni regionales.
La funcionaria explicó también que el Fondo Fiduciario que sostiene el régimen de Zona Fría no se financia con recursos estatales directos, sino que se nutre de un mecanismo solidario: todos los usuarios del sistema de gas natural por redes del país aportan un recargo adicional en sus facturas para sostener el esquema de compensaciones. Este fondo permite que los hogares incluidos en las zonas frías accedan a un descuento del 30% en el valor del gas, y que el beneficio se incremente al 50% para los usuarios vulnerables, entre ellos quienes perciben planes sociales o pertenecen a instituciones de bien público.
Finalmente, Rabario advirtió que la eliminación de este régimen significaría un retroceso en materia de derechos sociales y energéticos, afectando principalmente a las provincias patagónicas y a las regiones del centro y oeste del país que fueron incorporadas en la ampliación de la Ley 27.637. En ese sentido, subrayó la importancia de mantener un esquema federal y solidario que contemple las particularidades climáticas y socioeconómicas de cada región, asegurando que el acceso a la energía continúe siendo un derecho y no un privilegio.
