
Jorge Jorja, director del hospital de Toay Segundo Taladriz, describió la situación en la que un grupo de aproximadamente 150 profesionales ha iniciado una demanda legal contra la implementación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, considerándolo inconstitucional. Están preocupados porque el impuesto no fue aprobado por ambas cámaras del Congreso, lo cual debería haber ocurrido, a pesar de haber sido incluido en la ley Ómnibus.
La demanda busca principalmente una resolución cautelar que permita asegurar la continuidad de la atención en los servicios esenciales y garantizar que los salarios no se reduzcan debido a la implementación del impuesto. Aunque reconocen que la resolución de fondo puede tardar, esperan que la medida cautelar se resuelva lo antes posible para evitar que los sueldos se vean afectados en el corto plazo.
La preocupación principal radica en la posibilidad de que los salarios se reduzcan debido a este impuesto, lo cual impactaría no solo en la economía personal de los profesionales, sino también en la disponibilidad de médicos dispuestos a realizar guardias, particularmente en el sector público. Aunque se asegura que las guardias continuarán realizándose, muchos médicos se verán desmotivados, ya que gran parte de sus ingresos por estas guardias se destinarían al pago de impuestos, lo que podría llevar a una disminución en la cantidad de profesionales dispuestos a cubrir esas horas.
Además, están a la espera de una resolución judicial, particularmente de una medida cautelar que asegure que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, no se aplique el impuesto y los salarios no se vean reducidos.